Si por algo llama la atención este personaje de la política canaria es por su transparencia a la hora de plantear la batalla política. Sin guardarse ninguna carta en la manga, Pepa ha reconocido estos días, con respecto a la sentencia del TSJC, que según ella “recomienda” el traslado de los mogollones del Santa Catalina Park, que no se va a jugar el tipo electoralmente hablando, y menos por entonces, cuando sólo faltarán cuatro meses para la batalla en las urnas.

Sin embargo, Pepa es tan clara que pone en evidencia las reglas de la política, que, a pesar de ser bien conocidas por todos los ciudadanos, no está bien visto que sean los propios políticos quienes las saquen a la luz pública. Siempre se ha sabido que ante las citas electorales, a los políticos les suele temblar la mano cuando se trata de llevar a cabo una decisión polémica que pueda restarle respaldo electoral.

En este sentido, Luzardo ha sido una más, lo que ocurre es que ha caído en el error de reconocerlo. Más de un ciudadano crítico hubiera valorado positivamente la aceptación de Pepa de la sentencia del TSJC si ésta hubiera buscado un emplazamiento alternativo para la celebración de los mogollones, dando por satisfecho el derecho al descanso de los vecinos de la zona. Claro que, ella habrá hecho sus cuentas y le saldrá más rentable enfrentarse sólo a los ciudadanos del entorno del parque que hacerlo con los miles de ciudadanos que acuden a esas celebraciones.

Más populismo de los populares; el mismo perro pero con distinto collar. La última palabra aún no está dicha porque a pesar del empecinamiento del Ayuntamiento capitalino en decir que se trata de una “recomendación”, la sentencia parece dejar bien claro que se trata de una prohibición, y es que la justicia no es una empresa consultora, a pesar de que algunos se empeñen en que lo sea.